¿Qué empresas están obligadas a calcular su huella de carbono?

¿Qué es la huella de carbono y por qué es esencial en el cambio climático y en las políticas empresariales sostenibles?

La huella de carbono mide el total de gases de efecto invernadero, liberados directa o indirectamente por actividades humanas, productos o servicios, centrándose en emisiones clave como el dióxido de carbono y el metano. Esta métrica es fundamental en el esfuerzo global para mitigar el cambio climático, ya que permite identificar fuentes de emisiones y establecer medidas de reducción específicas y efectivas.

Al calcular su huella de carbono, las empresas no solo cumplen con normativas ambientales, sino que también pueden mejorar su eficiencia y reducir costos. Este proceso promueve transparencia y responsabilidad, lo cual fortalece la reputación ante una base de consumidores cada vez más preocupada por el medio ambiente.

Implementar políticas sostenibles enfocadas en medir y disminuir la huella de carbono no solo contribuye a un futuro más ecológico, sino que ofrece una ventaja competitiva en un mercado que favorece la sostenibilidad.

¿Es obligatorio calcular la huella de carbono en nuestro país?

La huella de carbono empresarial se refiere a los GEI emitidos en las operaciones, de manera directa o indirecta. En España, este cálculo era opcional, pero la Ley 7/2021, de 20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética, lo hace obligatorio para ciertas empresas.

Las empresas obligadas por esta ley deben también desarrollar y hacer público un plan para reducir sus emisiones, alineándose con la normativa vigente para minimizar el impacto ambiental.

Las especificaciones sobre esta obligatoriedad se detallan en la actualización del Real Decreto 163/2014, que regula el registro, compensación y absorción de dióxido de carbono.

¿Qué empresas deben calcular su huella de carbono?

De acuerdo con la Ley 11/2018, las empresas que cumplan ciertos criterios deben calcular anualmente su huella de carbono y establecer un plan de reducción. Las condiciones que obligan a realizar este cálculo incluyen:

• Un promedio anual de más de 500 empleados.
• Consideración como entidades de interés público, o cumplir al menos dos de los siguientes criterios:
  • Activo consolidado superior a 20 millones de euros.
  • Ingresos anuales superiores a 40 millones de euros.
  • Más de 250 empleados en promedio durante el año.

Estas obligaciones comienzan el 1 de enero de 2025 y se aplicarán al cálculo de las emisiones de 2024.

En Francia, por ejemplo, ya es obligatorio medir las emisiones al transporte nacional e internacional. Más información aquí.

¿Qué Comunidades Autónomas exigen el cálculo de la huella de carbono?

En España, esta normativa aplica a nivel nacional, aunque algunas comunidades autónomas tienen requisitos específicos:

• Islas Baleares (Decreto 48/2021, vigente desde 2023): Las empresas con 50 o más empleados y/o facturación superior a 10 millones de euros, que operen en las Baleares, deben calcular su huella de carbono.
• Navarra (Ley Foral 4/2022, vigente desde 2024): Exige este cálculo a empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas.
• Comunidad Valenciana (Ley 6/2022, en vigor desde 2025): Obliga a grandes y medianas empresas a calcular y certificar su huella de carbono, junto a un plan de reducción.
• País Vasco (Ley 1/2024, en vigor desde 2025): La obligación aplica a administraciones, empresas de varios sectores, instalaciones de gestión de residuos y otros.
• Andalucía (Ley 8/2018): Las empresas que consumen más de 1 GWh al año deben calcular su huella de carbono.

¿Cómo se calcula la huella de carbono?

El cálculo de la huella de carbono sigue estándares internacionales, como el GHG Protocol. Se realiza multiplicando el consumo de una actividad por un factor de emisión específico (variable según el tipo de energía o actividad).

La fórmula es:

Huella de carbono = Dato de actividad x Factor de emisión

A lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio, cada fase de producción, transporte y uso genera emisiones de GEI. Las emisiones producidas directamente por una entidad se consideran directas, mientras que aquellas de fases previas o posteriores se consideran indirectas, ya que no están bajo su control directo.

Puedes consultar más información sobre qué tipo de empresas están obligadas a calcular y reducir su huella de carbono, aquí.

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